DISTORSIONES EN LOS PROCESOS ELECTORALES

                                                                                    Lima, 17 de agosto del 2010

Pilar Arroyo R.P.
Instituto Bartolomé de las Casas

Los procesos electorales en curso revisten gran importancia, no sólo por la cantidad de gente involucrada (18´878,337 en el país y 716,963 en el extranjero), sino también porque constituyen una gran oportunidad para poner en agenda los temas que preocupan a la población. Por ello, a continuación presentamos algunas ideas sobre algo que nos preocupa: las distorsiones que se están evidenciando en él y que nos parece impactan en la gobernabilidad del país. Nuestra intención al detallar las siete distorsiones es motivar diversas acciones que busquen superarlas, para asegurar procesos electorales limpios y transparentes. Veamos:
1.- La intención de Alan García de volver a ser presidente el 2016.

El Señor Presidente ha manifestado su intención de pasar a la historia del país como el único ciudadano que fue elegido democráticamente tres veces para ejercer la presidencia. Para lograr su objetivo pareciera que él considera necesario:

a) Que el Partido Aprista Peruano (APRA), supedite su participación en los procesos electorales en curso (municipales, regionales, congresales, presidenciales) a dicho objetivo. Sólo así se explica la presión ejercida sobre la alta dirigencia para que retire a Carlos Roca como candidato a la alcaldía limeña y sus diversos esfuerzos por “quemar” las expectativas presidenciales de cualquiera que al interior del partido le haga sombra.

b) Bloquear el acceso de cualquiera que pueda poner en peligro sus expectativas. Diversos analistas señalan que García se siente tranquilo si su reemplazante es Luis Castañeda o Keiko Fujimori. En cambio, le preocupa sobremanera que pueda ser Alejandro Toledo u Ollanta Humala.

c) Resaltar, hasta el paroxismo, los éxitos de su segunda gestión presidencial. De allí el aumento desmesurado de la publicidad estatal, como consta, entre otros, a cualquiera que haya seguido el Mundial de Fútbol. Según Kurt Burneo el año pasado el gobierno nacional gastó S/. 132 millones en publicidad estatal. Para este año ha presupuestado S/. 216 millones adicionales. Otros analistas dan cifras de gasto en publicidad estatal incluso más altas.

Decimos que dicho objetivo distorsiona el proceso electoral pues quiebra la neutralidad que debe tener el jefe de estado al respecto. Recordemos que García expresamente ha manifestado su intención de influir en el proceso, es así que declaró: "En el Perú el Presidente tiene un poder, no puede hacer presidente a quien él quiere, pero sí puede evitar que sea presidente quien él no quiere, y lo he demostrado" ( ).

Dicho proceder es muy distinto al que tuvieron tanto Paniagua y Toledo, garantizando así un proceso limpio y transparente. Esta intromisión indebida del Señor Presidente ha sido ya señalado desde distintas tiendas políticas (Nacionalismo, Fuerza Social, Partido Popular Cristiano etc.), invocándolo a que cumpla con su deber ciudadano de mantenerse neutral, pero no hace caso.
2.- Los medios de comunicación.
Lamentablemente no hemos logrado balancear el derecho de los dueños de los medios de comunicación a la libre empresa y a la libertad de expresión, con el derecho de la ciudadanía a tener acceso a una información plural y veraz sobre todos los candidatos y a poder ejercer nuestro derecho de expresión a través de los medios. La mayoría de medios comunicación (salvo honrosas excepciones), tanto a nivel local como nacional, tienen su candidato y toda su cobertura electoral está dedicada a resaltar las cualidades del mismo y a echar barro con ventilador al resto de candidatos, presentado su opinión disfrazada de información.
Al no dar acceso a todos los candidatos por igual, impiden que podamos ejercer un voto informado. Ello se debe a que, como señalan los de Otra Mirada “la concentración de medios e industrias de la comunicación tiende a la unificación de las líneas editoriales, especialmente en situaciones delicadas, por ejemplo en procesos electorales” Por ello “el pluralismo de puntos de vista, consustancial a la libertad de expresión, se ve severamente recortado y la democracia afectada en sus cimientos. Esta situación se agrava en el Perú por la debilidad de los partidos políticos y la mediocridad de la representación, lo que lleva a que los medios terminen imponiendo la agenda y sometiendo a los políticos a sus designios” .
Esto es muy serio, pues como un mundialmente conocedor del tema, Manuel Castells, señala: “El proceso de comunicación influye decisivamente en la forma de construir y desafiar las relaciones de poder en todos los campos de las prácticas sociales, incluida la práctica política” (p.24) Y agrega: “el poder se basa en el control de la comunicación y la información, ya sea el macropoder del estado y de los grupos de comunicación o el micropoder de todo tipo de organizaciones (…) Pero el poder depende del control de la comunicación, al igual que el contrapoder depende de romper dicho control” .
3.- Las encuestadoras

Aunque deberían servir para desarrollar y mejorar la comunicación política la han enrarecido, debido a que arbitrariamente hacen una primera selección de candidatos, orientando a los electores a sólo escoger entre el abanico de opciones que ellos presentan, reemplazando, a la voluntad popular. Con ello alimentan la idea del “voto perdido”.

Sin embargo, muchos cuestionan su nivel de seriedad (rigor científico) e imparcialidad, pues ella depende de varios factores: quién paga el sondeo, la calidad de los encuestadores, los métodos (técnicas) usados, cómo se formulan las preguntas así como también los métodos de muestreo que usan, sobre todo qué peso dan a cada nivel socio económico , el tamaño de la muestra, etc.

Un hecho preocupante es que dichas encuestadoras tienden a invisibilizar a la población rural, pues sus sondeos se limitan a los principales centros urbanos del país. Recordemos que según el IX Censo Nacional de Población y VI de Vivienda del 2007 (CPV), llevado a cabo por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) dicha población rural es de 24.1%. Pero según diversos académicos ella en realidad bordea el 40%, debido a que el INEI no ha usado la metodología internacionalmente reconocida para medirla.
Es así que la ONG CEPES, que publica La Revista Agraria (LRA) sostiene que “la definición de “urbano” que se maneja en el CPV 2007 es inadecuada y minimiza la importancia real de la población rural. Instituciones internacionales han revisado estas definiciones y propuesto otras más amplias. Basado en sus propias revisiones, el Banco Mundial concluyó que alrededor del 47% de la población del Perú es rural (…) En su número 101, LRA estimó que la población rural del país podría estar bordeando el 40%”


4.- El hecho de que las actuales autoridades que pretenden la re-elección compiten con una alevosa ventaja con el resto.

Efectivamente, dichas autoridades tienden a utilizar la porción del aparato del estado que administran para su propia campaña. Hacen que tanto los servidores públicos a su cargo, como los recursos y las obras sean parte de su estrategia reeleccionista. Es vergonzoso, por ejemplo, ver como los trabajadores ediles hostigan a los partidarios de otras opciones electorales e incluso destruyen su propaganda.
La Defensoría del Pueblo se ha manifestado en contra de esa práctica, así como también la Contraloría General de la República, que ha lanzado la campaña “Postula con la tuya”, en referencia a que dichas autoridades postulan con los recursos de todos. Es más la Contraloría ha recordado que “el mal uso de los bienes y recursos del Estado en una campaña electoral puede constituir delito de peculado, malversación y cohecho impropio” Y que “no se deben utilizar locales de entidades públicas, colegios estatales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional con fines proselitistas”
A pesar de ello, numerosas autoridades ediles en todo el país siguen haciéndolo. Nos parece por ello que la norma que exige renunciar a determinadas autoridades si quieren postular debería también aplicarse a las autoridades municipales a todo nivel. Por el momento, sugerimos popularizar la consigna “haga Patria, no reelija a nadie”, que ciertos sectores comienzan a hacer circular, como una medida que busca acabar con esta cuarta distorsión.
5.- La ausencia de una adecuada supervisión de los fondos utilizados en la campaña electoral
Nos parece que dicha ausencia es también una distorsión del proceso, porque otorga una gran ventaja a quien dispone de mayores recursos económicos, haciendo que el gran elector sea el dinero, lo que distorsiona la democracia, como por ejemplo el caso de Wilfredo Oscorina, candidato a la región Ayacucho que regala 100 soles a cada elector, habiendo obsequiado hasta fines de mayo medio millón de soles .

La Ley de Partidos Políticos (No 28094, dada en octubre del 2003) buscaba controlar un poco esto al establecer:

+ topes a las donaciones privadas que los partidos pueden aceptar,
+ la obligatoriedad de informar sobre el origen (no pueden ser donaciones anónimas) y destino de los fondos que utilicen;
+ topes a los gastos en publicidad que las organizaciones políticas hagan.
Es decir, la ley buscaba una mayor transparencia en el financiamiento que permita al electorado saber qué intereses económicos están detrás de cada candidato. Lamentablemente la inacción del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha hecho que dicha ley sea letra muerta, perjudicando seriamente los procesos electorales en nuestro país.
6. La existencia de los llamados movimientos o partidos franquicia o vientre de alquiler
Algo que desprestigia mucho la democracia y que ha vuelto a evidenciarse en los procesos electorales actuales son los grupos que aparecen y desaparecen en función de las elecciones. Aquí la responsabilidad del JNE es grande, pues la Ley de Partidos Políticos es clara. Plantea una serie de requisitos para ser considerado un partido político y poder participar en elecciones nacionales, entre ellas:

+ contar con bases partidarias (comités) en 65 de las 195 provincias del país y en 17 de las 25 regiones;

+ dichos comités deben estar en funcionamiento dos años antes de los procesos electorales; y

+ las organizaciones partidarias tienen que presentar idearios y planes programáticos.
Una simple aplicación de dichas exigencias hubiera bastado para sacar de carrera, entre otros, a Cambio Radical. Es tiempo que el JNE cumpla cabalmente con su función.
7.- La ausencia de información sobre el referéndum que se llevará a cabo el 3 de Octubre
En esa fecha, además de elegir a las autoridades ediles y presidentes regionales, deberemos opinar si estamos de acuerdo o no con que el Estado proceda a devolver (ya sea en especie o en efectivo) el aporte que durante años (1979-1998) dieron al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) cerca de cinco millones de personas. Recordemos que dicho aporte comenzó siendo el 10% de los haberes de los empleados y trabajadores, por lo que la suma adeudada no es cualquier cosa. En discusiones anteriores se han planteado diversas formas de devolución, entre ellas: devolución en efectivo, en terrenos del estado, en materiales de construcción, en bonos, o para cancelación de deudas tributarias, o deudas con organismos del estado tipo Banco de Materiales (Banmat) Enace, Banco de la Vivienda, y empresas de saneamiento o electricidad.
A pesar que para poder ejercer nuestro derecho ciudadano necesitamos información no vemos ni en el gobierno, ni en los medios de comunicación interés alguno para hacérnosla llegar. El asunto se complica más porque la asociación que durante años bregó por lograr dicha devolución y logró una sentencia favorable del Tribunal Constitucional que es la que motiva el referéndum, la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP) ha formado también un partido político: Organización Política del Pueblo Peruano Fonavistas del Perú, que está presentando candidatos en diversas jurisdicciones electorales, entre ellos, Lima (Raúl Canelo). Tan es así que el sitio web de referencia es el mismo (http://www.fonavistas.org).


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